San Salvador, 17 de junio de 2025 — Un nuevo debate legislativo en Estados Unidos amenaza con golpear directamente el bolsillo de millones de salvadoreños. Una propuesta impulsada por sectores conservadores cercanos al presidente Donald Trump busca aplicar un impuesto de hasta el 5 % a las remesas enviadas fuera del país, afectando de lleno a comunidades latinoamericanas, entre ellas la salvadoreña, que depende en gran medida de esos fondos para su subsistencia.
La medida, según sus promotores, tiene como fin principal disuadir la migración irregular y aumentar la recaudación fiscal a partir de las transferencias monetarias hechas por personas sin estatus migratorio regular. Sin embargo, especialistas advierten que su implementación podría tener consecuencias económicas y sociales profundas, particularmente en países como El Salvador, donde las remesas representan aproximadamente el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Un posible recorte de USD 8,000 millones
Según cálculos preliminares, de aprobarse el impuesto, El Salvador podría experimentar una caída equivalente al 6 % de su PIB, lo que representa una pérdida cercana a USD 8,000 millones anuales. Las familias que dependen de estas transferencias para cubrir gastos básicos como alimentación, salud, educación y vivienda serían las más afectadas.
La preocupación se extiende también a las instituciones financieras, que prevén un aumento del uso de canales informales para el envío de dinero, lo cual no solo complica la supervisión fiscal, sino que expone a los usuarios a posibles fraudes o estafas.
Impacto social en dos frentes
Más allá del impacto económico, el golpe podría sentirse en el plano social. Para miles de hogares salvadoreños, las remesas representan un pilar fundamental que permite compensar salarios precarios, altos niveles de desempleo y la falta de acceso a servicios públicos de calidad. Su reducción significaría un retroceso en los modestos avances de bienestar alcanzados en los últimos años.
En EE.UU., la comunidad salvadoreña también ve la propuesta como una medida punitiva y discriminatoria. Diversas organizaciones han elevado su voz en rechazo a lo que consideran “un castigo fiscal a los más pobres”.
Posición oficial de El Salvador
Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha emitido un comunicado oficial sobre la propuesta. No obstante, expertos en relaciones exteriores instan a que la Cancillería salvadoreña solicite claridad sobre la medida y explore mecanismos diplomáticos para evitar su aprobación o mitigar su impacto en caso de que avance.
Por su parte, países como México y Guatemala ya han expresado abiertamente su preocupación, calificando la medida como injusta y económicamente destructiva para sus comunidades migrantes.
¿Un punto de inflexión?
El posible impuesto a las remesas pone sobre la mesa una discusión de fondo: ¿puede El Salvador depender indefinidamente de los envíos de su diáspora? La amenaza fiscal podría ser un catalizador para que el país refuerce sus políticas de desarrollo interno, genere empleo sostenible y reduzca la dependencia estructural de las remesas.
