Los Ángeles, 9 de junio de 2025. Las recientes protestas en el centro de Los Ángeles, desencadenadas por nuevas redadas migratorias federales, han generado una creciente tensión entre el gobierno de California y la administración del presidente Donald Trump. Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas durante el fin de semana, provocando enfrentamientos con la policía, incendios de vehículos y múltiples arrestos.
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró “concentración ilegal” el área del centro tras tres días de disturbios. Posteriormente, el gobierno federal desplegó unidades de la Guardia Nacional sin autorización estatal, lo que provocó la reacción inmediata del gobernador Gavin Newsom, quien solicitó su retiro y anunció acciones legales.
Contexto de las manifestaciones
Las protestas surgieron tras el anuncio de operativos federales masivos dirigidos a detener y deportar inmigrantes sin estatus legal, especialmente en ciudades santuario. En California, donde se concentra una importante población migrante, diversas organizaciones comunitarias convocaron movilizaciones para rechazar las redadas y exigir un trato humanitario para las personas afectadas.
Sectores afectados
Las comunidades migrantes son las más afectadas por las medidas, especialmente familias con miembros de estatus mixto (ciudadanos estadounidenses e indocumentados). También se ha registrado preocupación en sectores económicos clave como agricultura, construcción y servicios, donde muchos trabajadores son migrantes.
Además, se reportan casos de personas que han evitado acudir a centros de salud o escuelas por temor a ser identificadas por las autoridades migratorias.
Objetivos del gobierno federal
La administración Trump ha enmarcado las redadas dentro de su estrategia de seguridad nacional, argumentando que es necesario actuar ante lo que califica como “una crisis migratoria incontrolada”. El despliegue de la Guardia Nacional, bajo el Título 10 del Código de EE. UU., se justifica según la Casa Blanca como una medida de protección a instalaciones federales y al personal de ICE.
Implicaciones inmediatas en California
La medida ha generado un conflicto legal y político entre el gobierno estatal y el federal. El gobernador Newsom ha calificado el despliegue como “ilegal” y prepara una demanda, citando posibles violaciones al Posse Comitatus Act, una ley que limita el uso de fuerzas militares en tareas civiles.
