Washington, 5 de junio de 2025 — La administración del presidente Donald Trump ha desatado una nueva ola de tensiones políticas y sociales tras anunciar una lista ampliada de restricciones migratorias que afecta directamente a ciudadanos de 12 países, mayoritariamente africanos y de Oriente Medio, además de imponer barreras de ingreso a ciudadanos de Cuba, Venezuela y otras cinco naciones latinoamericanas y asiáticas. Las medidas, justificadas por “razones de seguridad nacional”, han sido duramente criticadas por organismos internacionales y agrupaciones defensoras de derechos humanos.

La Unión Africana, en un comunicado urgente, calificó la medida como “discriminatoria” y solicitó abrir un diálogo diplomático inmediato, subrayando que muchas de las naciones afectadas han cooperado activamente en temas de seguridad global. Diversas cancillerías latinoamericanas también han solicitado explicaciones, particularmente ante el impacto que estas restricciones podrían tener sobre estudiantes, académicos, y familias separadas.

Pero la polémica no termina ahí. Paralelamente, el gobierno estadounidense ha acelerado la implementación de un sistema de tecnovigilancia masiva, en colaboración con gigantes tecnológicos como Palantir Technologies y Anduril Industries. Este sistema incluye la recopilación y análisis de datos biométricos, reconocimiento facial en tiempo real y patrones de movimiento geolocalizados, principalmente dirigidos a inmigrantes, visitantes extranjeros, y estudiantes internacionales en Estados Unidos.

Según reportes de organismos como la American Civil Liberties Union (ACLU) y Human Rights Watch, esta infraestructura de vigilancia pone en riesgo la libertad individual, la privacidad y abre la puerta a prácticas de discriminación algorítmica, donde decisiones automatizadas pueden conducir a detenciones arbitrarias o negativas de entrada al país sin transparencia alguna.

El uso combinado de vigilancia tecnológica y restricciones migratorias está configurando un escenario que muchos analistas han calificado como una “doctrina de seguridad totalitaria”, donde la frontera ya no es solo física, sino también digital. Algunos comparan la estrategia con modelos de control aplicados en países autoritarios, aunque bajo una narrativa legalista de “seguridad nacional”.

Mientras tanto, las tensiones escalan a nivel internacional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado una sesión especial de emergencia, y se prevé que varios países afectados presenten reclamos ante la Organización Mundial del Comercio y la Corte Internacional de Justicia, argumentando violaciones a tratados internacionales y principios de no discriminación.