Catatumbo, Colombia — junio de 2025. Mientras los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC-EP sacuden sin tregua la región del Catatumbo, el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta duras críticas por su lenta, limitada y descoordinada respuesta ante el desplazamiento masivo de más de 56,000 personas, muchas de ellas mujeres, niños y campesinos.

Pese a que la violencia estalló a comienzos de enero, con saldo fatal de al menos 71 muertos, el Ejecutivo no logró activar mecanismos de emergencia eficaces para proteger a la población civil en riesgo. Varias organizaciones humanitarias y líderes comunitarios han denunciado que el Estado brilló por su ausencia en los primeros meses del conflicto, permitiendo que el territorio quedara a merced de grupos armados que buscan controlar rutas del narcotráfico y zonas de cultivo ilícito.

“Los desplazamientos comenzaron desde enero, pero fue hasta marzo que el gobierno decretó el estado de conmoción interior. Para entonces ya teníamos comunidades confinadas, escuelas cerradas y miles de personas viviendo en albergues improvisados”, denunció un funcionario de la Defensoría del Pueblo, bajo condición de anonimato.

La situación es particularmente grave en el caso de la niñez. Más de 46,000 niños y adolescentes han perdido el acceso a la educación debido al cierre forzado de escuelas y el control territorial de los grupos ilegales. A pesar de esto, la estrategia del gobierno ha sido reactiva y marcada por una excesiva burocracia, según informes de UNICEF y Human Rights Watch.

Mientras tanto, los pocos albergues habilitados carecen de condiciones mínimas: no hay acceso continuo a alimentos, servicios médicos ni atención psicosocial. “Nos prometieron ayuda, pero aquí no ha venido nadie del gobierno central. Ni una carpa, ni una colchoneta, ni un médico. Solo llegaron ONGs”, relató Dalia, madre desplazada desde Tibú.

El presidente Petro ha justificado la demora argumentando la necesidad de “acciones estructurales de paz”, pero los hechos demuestran una desconexión entre el discurso oficial y la realidad en el terreno. En lugar de priorizar la protección inmediata de los desplazados, la administración ha centrado su narrativa en culpabilizar a gobiernos anteriores, ignorando que la responsabilidad actual recae en su mandato.

La crisis del Catatumbo pone en evidencia no solo el fracaso de las políticas de seguridad y prevención, sino también la incapacidad del Estado para garantizar derechos básicos en zonas históricamente abandonadas. En este contexto, el llamado urgente de organizaciones internacionales y líderes sociales es claro: el Estado colombiano debe asumir su deber de proteger a su población civil sin más demoras ni excusas.