El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este lunes la presentación de una demanda contra la administración del presidente Donald Trump ante una corte federal, en respuesta al despliegue unilateral de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles. La acción legal busca frenar lo que el gobierno estatal califica como una intervención inconstitucional y una violación directa a la soberanía del estado.
El origen de la controversia se remonta al pasado fin de semana, cuando el presidente Trump ordenó movilizar a más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional bajo autoridad federal (Título 10 del Código de EE. UU.), argumentando la necesidad de proteger instalaciones federales durante las protestas migratorias que se desarrollan en la ciudad. Sin embargo, la medida se tomó sin el consentimiento del gobernador, requisito habitual para este tipo de movilizaciones en suelo estatal.
La demanda, respaldada por el fiscal general del estado, Rob Bonta, sostiene que el gobierno federal no ha demostrado condiciones excepcionales como una invasión o una insurrección armada, tal como exige la Constitución estadounidense para justificar la federalización de fuerzas militares. De acuerdo con los demandantes, esto representa una violación al Posse Comitatus Act, que prohíbe el uso de fuerzas militares en funciones civiles sin base legal clara.
Entre los argumentos expuestos, se señala además que el despliegue militar agrava la tensión social y puede vulnerar derechos civiles, al aumentar la percepción de criminalización hacia las comunidades migrantes. La demanda solicita una orden judicial inmediata que suspenda la movilización y que establezca límites a futuras intervenciones federales de carácter similar.
En cuanto a las posibles repercusiones, expertos legales coinciden en que el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, dada la relevancia constitucional que implica. Un fallo favorable a California sentaría un precedente importante sobre los límites del poder federal y la autonomía de los estados frente al uso de la Guardia Nacional. Por el contrario, una decisión que avale la postura de la Casa Blanca podría ampliar las facultades del Ejecutivo para intervenir en territorios estatales sin consenso previo.
Mientras tanto, la situación en Los Ángeles continúa siendo monitoreada por organizaciones civiles, autoridades locales y medios de comunicación. El gobierno estatal mantiene su posición firme de que el despliegue militar fue innecesario y desproporcionado, en un contexto de manifestaciones mayoritariamente pacíficas.
