El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de prisión a Edwin Enrique Parada Quezada, exalcalde de El Congo, tras encontrarlo culpable de varios delitos relacionados con corrupción durante su gestión municipal correspondiente al período 2012-2015 bajo la bandera del Partido de Concertación Nacional.

La sentencia fue impuesta en calidad de rebeldía, ya que el exfuncionario permanece prófugo. La pena se compone de ocho años por negociaciones ilícitas, cuatro años por cohecho impropio y ocho años por falsedad documental agravada en modalidad continuada.

Además de la condena penal, el tribunal ordenó que Parada Quezada pague $293,816.45 en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados al Estado. Respecto a los bienes incautados durante el proceso, la jueza dispuso remitir el expediente al Juzgado de Extinción de Dominio para que determine el destino final de los inmuebles vinculados al caso.

Otros condenados

En la misma resolución judicial fue condenado Amílcar Eduardo Jaco Estrada, colaborador cercano del exalcalde, quien recibió una pena de seis años y cuatro meses de prisión por participar como cómplice necesario en los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho impropio. También deberá cancelar $21,388.12 como responsabilidad civil.

Por su parte, Efraín Alcides Castro Sánchez, quien se desempeñó como octavo regidor municipal durante esa administración, fue condenado a cuatro años de prisión por incumplimiento de deberes.

Asimismo, Mercedes del Carmen Cabrera de Rivera, exsíndica municipal, recibió una condena de tres años de prisión tras admitir los hechos mediante un procedimiento abreviado. Como parte de las medidas sustitutivas impuestas, deberá mantener domicilio fijo y presentarse ante las autoridades judiciales cuando sea requerida. Según el expediente, ya canceló $21,388.12 al Fondo General de la Nación en concepto de reparación civil.

Investigación inició por auditoría de la Corte de Cuentas

De acuerdo con la prueba presentada durante el juicio, la investigación comenzó en 2013 luego de que una auditoría de la Corte de Cuentas de la República detectara irregularidades en 12 proyectos ejecutados por la alcaldía, generando un perjuicio económico estimado en $376,903.90.

La Fiscalía sostuvo que Parada Quezada habría utilizado prestanombres para obtener contratos municipales y beneficiarse económicamente con fondos públicos, presuntamente omitiendo los procedimientos legales de contratación y adjudicación establecidos por la ley.

Durante la vista pública también se confirmó que la orden de captura contra el exalcalde continúa vigente, por lo que deberá cumplir la condena impuesta una vez sea localizado y detenido por las autoridades.