La Paz, Bolivia – El país sudamericano atraviesa una nueva crisis política tras la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia de inhabilitar de forma definitiva al expresidente Evo Morales como candidato a las elecciones presidenciales de 2025. La resolución ha encendido una oleada de protestas a nivel nacional, encabezadas por simpatizantes del líder cocalero y del Movimiento al Socialismo (MAS).

Desde el anuncio oficial, las movilizaciones se han intensificado en regiones clave como Cochabamba y La Paz, donde se registran bloqueos de carreteras, enfrentamientos con las fuerzas del orden y disturbios en espacios públicos. Las autoridades policiales han sido desplegadas para contener las protestas, pero los choques violentos han dejado decenas de heridos y un ambiente de creciente tensión.

Uno de los aspectos más preocupantes ha sido la agresión a periodistas que cubrían las manifestaciones. Organismos de defensa de la libertad de prensa han condenado los ataques, señalando que varios comunicadores fueron intimidados, golpeados y despojados de sus equipos en plena cobertura de los disturbios.

La oposición política ha respaldado el fallo del Tribunal Constitucional, argumentando que la medida se basa en el respeto a los límites constitucionales sobre la reelección presidencial. Sin embargo, los sectores afines a Morales califican la decisión como una “proscrición política” y anuncian que intensificarán las protestas hasta revertir el fallo.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, alertando sobre una posible desestabilización institucional en Bolivia en pleno año preelectoral. Diversos observadores internacionales han hecho llamados a mantener la paz, respetar los derechos civiles y garantizar el libre ejercicio del periodismo.

La crisis boliviana vuelve a abrir heridas no resueltas desde las elecciones de 2019 y plantea interrogantes sobre el futuro político del país andino.