Puerto Príncipe, 11 de julio de 2025 – Más de 3,000 personas han sido asesinadas en Haití solo en los primeros siete meses de este año, según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que alerta sobre una crisis de seguridad y derechos humanos sin precedentes en el país caribeño.
La violencia generalizada de las pandillas, el colapso institucional y la ausencia del Estado han convertido a Haití en uno de los territorios más peligrosos del hemisferio occidental. Según datos recopilados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Misión de la ONU en Haití (BINUH), entre octubre de 2024 y junio de 2025 se registraron 4,864 asesinatos, además de 213 personas heridas y 620 secuestradas.
Las regiones más afectadas incluyen los departamentos del Centro, Artibonite y los alrededores de Port-au-Prince, donde operan más de 150 grupos armados. La ONU advierte que estos grupos buscan controlar rutas estratégicas que comunican la capital con el norte del país y con la frontera con República Dominicana.
Solo en la última semana, unos 27,500 nuevos desplazados huyeron de la violencia tras una serie de ataques en la comuna de Sarazin, en Mirebalais. Estas personas se suman al más de 1.3 millones de haitianos que han sido forzados a abandonar sus hogares desde que estalló esta espiral de violencia.
La situación es crítica no solo por el número de víctimas, sino también por el colapso humanitario. El Plan de Respuesta Humanitaria 2025 es el menos financiado a nivel global: solo se ha cubierto un 8% del presupuesto necesario para atender la emergencia.
El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, denunció que la población está “a merced de la violencia brutal de las pandillas, las ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad y los abusos de los grupos de autodefensa”.
Ante este panorama, la ONU pide reforzar la misión de seguridad liderada por Kenia, mantener operativo al BINUH y aplicar de forma urgente un embargo total de armas hacia Haití, como medidas imprescindibles para recuperar el control del territorio y garantizar la protección de la población civil.
