El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, decretó la suspensión de las libertades de reunión y movimiento en la provincia de Bocas del Toro, en el Caribe panameño, como respuesta a una serie de disturbios violentos protagonizados por manifestantes en la zona.

Según fuentes oficiales, los incidentes incluyeron saqueos a comercios, daños a la infraestructura del aeropuerto local y bloqueos en diversas rutas estratégicas, generando un clima de tensión e inseguridad tanto para residentes como para visitantes.

El Gobierno panameño indicó que la medida busca restablecer el orden público y garantizar la seguridad de la población, así como proteger la propiedad privada y los servicios esenciales en la región. Las autoridades han desplegado unidades de la fuerza pública para controlar la situación y prevenir nuevos actos vandálicos.

Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios han expresado preocupación por la decisión, haciendo un llamado al diálogo y a encontrar soluciones pacíficas a los conflictos sociales que afectan a la zona.