Organismos de derechos humanos denunciaban una nueva forma de castigo migratorio, al margen de la legalidad internacional

ENTREGA 1: DEPORTADOS AL INFIERNO – LOS VENEZOLANOS ENVIADOS AL CECOT POR ESTADOS UNIDOS

En marzo de 2025, la escena internacional fue sacudida por una operación ejecutada bajo la administración de Donald Trump: la deportación de más de 230 ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador. Acusados sin proceso judicial de pertenecer a la banda criminal conocida como “Tren de Aragua”, estos migrantes fueron enviados directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel del presidente Nayib Bukele.

La acción, amparada en la Alien Enemies Act, permitió expulsiones sin derecho a audiencia. Ni tribunales migratorios, ni pruebas, ni apelaciones. Los deportados fueron confinados en condiciones extremas: encierro prolongado, alimentación deficiente, falta de asistencia médica y presuntos abusos que organizaciones internacionales pronto comenzaron a documentar.

Para muchos de ellos, su único delito fue haber cruzado irregularmente la frontera sur de Estados Unidos. La presunta afiliación criminal no fue sustentada por evidencia. La decisión fue política, envuelta en un mensaje de “mano dura” que buscaba disuadir la migración masiva desde Sudamérica.

El CECOT se convirtió en una cárcel de paso. Pero también en una cárcel sin causa. Mientras en El Salvador se justificaba su detención por “colaboración regional contra el crimen transnacional”, organismos de derechos humanos denunciaban una nueva forma de castigo migratorio, al margen de la legalidad internacional.

A su llegada al país, los venezolanos fueron esposados, despojados de sus pertenencias y trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al penal de máxima seguridad. Según testimonios filtrados por abogados independientes, varios de ellos no sabían ni siquiera en qué país estaban. Se les prohibió comunicarse con familiares, consulado o representantes legales durante semanas.

La narrativa oficial de la administración Trump los vinculaba al crimen organizado, pero ningún expediente judicial fue abierto contra ellos en Estados Unidos ni en El Salvador. En efecto, la presunta relación con el “Tren de Aragua” se sostuvo únicamente en su nacionalidad, una presunción discriminatoria que criminalizó de forma masiva a un grupo vulnerable.

Mientras tanto, medios oficialistas salvadoreños mostraban imágenes de su ingreso al CECOT como un acto de cooperación regional en seguridad. Pero detrás de esas imágenes había una realidad más cruda: hombres desorientados, algunos con problemas de salud crónicos, lanzados a una megacárcel diseñada para presuntos terroristas. Un castigo sin juicio, sin pruebas y sin voz.