San Salvador, El Salvador. — El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza uno, impuso una condena de 110 años de prisión a Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “Tatuado”, por los delitos de lavado de dinero y activos, estafa agravada, extorsión agravada, hurto de identidad y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la resolución judicial, el ahora condenado lideraba una estructura criminal dedicada a estafar a familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción, a quienes ofrecía supuestas gestiones para obtener su liberación a cambio de fuertes sumas de dinero.
Las investigaciones determinaron que alias “Tatuado” fue capturado en marzo de 2025 en Colombia, país donde residía y desde donde coordinaba las operaciones ilícitas, mientras exhibía en redes sociales un estilo de vida lujoso financiado con el dinero obtenido de las víctimas.
En el mismo proceso judicial, fue condenada Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda a 50 años de prisión por los delitos de extorsión agravada, estafa agravada, lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Frania Elizabeth Pintor Rodríguez, madre del principal imputado, recibió una condena de cinco años de cárcel por lavado de dinero y activos, mientras que su hermana, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez, fue sentenciada a 15 años de prisión por estafa agravada, lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas.
Otros cinco integrantes de la estructura criminal fueron condenados a penas que oscilan entre los 26 y 35 años de prisión, según detalló el tribunal.
De acuerdo con el fallo, alias “Tatuado” creó perfiles falsos en redes sociales haciéndose pasar por miembro de una institución judicial, desde donde contactaba a familiares de personas detenidas, ofreciéndoles su liberación a cambio de montos que alcanzaban hasta los 30,500 dólares.
Una vez las víctimas realizaban los depósitos, el dinero era distribuido entre los integrantes de la estructura, mientras una parte era enviada al cabecilla en Colombia.
Las autoridades destacaron que este caso representa un golpe significativo contra redes que se aprovechan de la vulnerabilidad de familias afectadas por el régimen de excepción, reiterando su compromiso de continuar combatiendo este tipo de delitos.