En medio de los esfuerzos por contener el incendio forestal más grande actualmente activo en el estado de Washington, dos bomberos fueron arrestados por agentes de migración por encontrarse en situación irregular en Estados Unidos. El hecho ocurrió mientras ambos combatían el incendio conocido como Bear Gulch Fire, que ha destruido más de 3,600 hectáreas (9,000 acres) desde el 6 de julio en la península Olímpica.

El operativo fue ejecutado el miércoles por agentes de la Agencia de Protección de Fronteras (CBP), a solicitud del Bureau of Land Management (BLM) y el U.S. Forest Service. Según informaron, la acción estuvo vinculada a una investigación criminal que llevó a la rescisión de contratos con dos empresas subcontratistas de Oregón: Table Rock Forestry Inc. y ASI Arden Solutions Inc.. Durante la inspección, se verificó la identidad de 44 trabajadores, de los cuales dos fueron arrestados por estar en situación migratoria irregular, incluyendo a uno con orden de deportación previa. Los otros 42 fueron escoltados fuera del terreno federal.

Uno de los detenidos, residente en Oregón, permanece en paradero desconocido según sus abogados, quienes además denunciaron que se le ha negado el acceso a representación legal. Testigos del operativo declararon que no se permitió a los trabajadores despedirse de sus compañeros, y que los agentes usaron lenguaje hostil y denigrante durante la intervención.

Las autoridades aseguran que la operación no interrumpió los trabajos de emergencia. Sin embargo, el procedimiento ha sido ampliamente criticado por políticos, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, quienes denuncian que se trató de una acción cruel e inhumana en plena crisis climática.

El gobernador demócrata del estado de Washington, Bob Ferguson, manifestó su “profunda preocupación” y ordenó una investigación completa. Por su parte, la senadora Patty Murray calificó la política migratoria de la administración Trump como “fundamentalmente enferma” y denunció que “estos bomberos arriesgaron su vida por todos nosotros, y Trump los mete a la cárcel”. La congresista Pramila Jayapal también se pronunció, calificando el hecho como “absurdo, cruel y contrario a los intereses de Estados Unidos”.

El comisionado estatal de tierras, Dave Upthegrove, añadió que estas medidas solo generan más desconfianza y miedo entre quienes, como estos bomberos, están dispuestos a poner su vida en riesgo para proteger a la población.

Este incidente reaviva el debate nacional sobre el uso de mano de obra migrante en tareas esenciales y expone la tensión creciente entre las políticas migratorias federales y las necesidades operativas frente a desastres naturales cada vez más frecuentes debido al cambio climático.