SAN SALVADOR, El Salvador.– El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez dos, condenó a penas de hasta 199 años de prisión a varios integrantes vinculados al corporativo ARGOZ, tras declararlos culpables de delitos relacionados con estafa agravada, lavado de dinero y de activos, y agrupaciones ilícitas.

La condena más alta fue impuesta a Leticia Farfán de Gómez, quien recibió 199 años de prisión por 23 casos de estafa agravada, además de casos especiales de lavado de dinero y activos y el delito de agrupaciones ilícitas.

Sus hijos, Rodrigo Javier Gómez Farfán y Natalia Gómez Farfán, fueron condenados a 189 años de prisión cada uno por 23 casos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.

Asimismo, Edwin Omar Rivera López fue sentenciado a 37 años de cárcel por cuatro casos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas, mientras que Mónica Iveth Sanabria de Uriarte recibió una condena de 13 años de prisión por un caso de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.

Por su parte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Theodoro Portillo Pineda, quienes fueron procesados en ausencia y fungían como apoderados legales, fueron condenados a cinco años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas.

Como parte de la resolución, el tribunal ordenó que Leticia Farfán de Gómez, Natalia Gómez Farfán, Rodrigo Javier Gómez Farfán, Edwin Omar Rivera López y Theodoro Portillo Pineda respondan por la reparación civil mediante la legalización de las lotificaciones afectadas, utilizando para ello los bienes y fondos que fueron incautados durante el proceso judicial.

Según la resolución, el caso tiene su origen en la década de 1980, cuando fue fundada ARGOZ S. A. de C. V.. La investigación estableció que la empresa habría constituido diversas sociedades para adquirir derechos sobre inmuebles, los cuales posteriormente eran declarados en quiebra, afectando a personas que adquirieron terrenos mediante pagos a plazos.

De acuerdo con la investigación judicial, numerosas víctimas continuaron pagando las cuotas de sus lotes y, aun después de cancelar el monto total, no recibieron las escrituras que acreditaban la propiedad de los inmuebles.

La sentencia forma parte de uno de los procesos judiciales de mayor impacto relacionados con presuntas estafas inmobiliarias en El Salvador.