La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una demanda civil por presunto enriquecimiento ilícito contra la exdiputada Silvia Estela Ostorga de Escobar, su esposo Marco Tulio Escobar Méndez y su hija Katherine Tatiana Escobar Ostorga. La acción legal busca la restitución de más de 4.8 millones de dólares al Estado salvadoreño.
Silvia Ostorga, quien ocupó una curul en la Asamblea Legislativa durante tres periodos consecutivos entre 2012 y 2021, enfrenta señalamientos por 40 irregularidades patrimoniales. Entre estas se incluyen depósitos bancarios injustificados, adquisición de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos financieros, que suman un total de $4,287,490.91.
El expediente también involucra a su esposo, a quien se le atribuyen 25 irregularidades similares por un monto de $520,465.96, mientras que a su hija se le señala una transacción bancaria no justificada por $2,000.
La investigación inició tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que identificó indicios suficientes de enriquecimiento no explicado en el patrimonio familiar.
La FGR ha solicitado a la Cámara competente no solo la devolución de los fondos, sino también la inhabilitación de Ostorga para ejercer cargos públicos por un período de 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El proceso avanza en sede judicial, y se espera que las autoridades determinen la responsabilidad civil de los implicados.
