Minnesota, Estados Unidos. — Una jueza federal desestimó una demanda presentada por la administración del entonces presidente Donald Trump, que buscaba anular beneficios educativos otorgados a jóvenes indocumentados en el estado de Minnesota.
La magistrada Katherine Menendez determinó que los argumentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos no eran válidos, al considerar que la normativa estatal no se basa estrictamente en la residencia, sino en haber cursado estudios de secundaria en Minnesota.
El gobierno federal sostenía que permitir tarifas reducidas de matrícula a estudiantes sin estatus migratorio, mientras se limitan esos beneficios a ciudadanos de otros estados, contravenía la legislación federal. Sin embargo, el tribunal concluyó que la ley estatal se ajusta a criterios educativos y no migratorios.
La decisión respalda la vigencia de la denominada “Minnesota Dream Act”, que permite a estudiantes indocumentados acceder a ayudas financieras y costos educativos reducidos. Se estima que cerca de 500 estudiantes se benefician actualmente de este programa, representando menos del 1 % de los solicitantes de asistencia en el estado.
El fallo se produce en un contexto de tensiones en Minnesota por políticas migratorias y operativos recientes, que han generado protestas y debate público sobre el alcance de las medidas federales en materia de inmigración
Analistas consideran que la resolución constituye un precedente relevante en la defensa del acceso a la educación para jóvenes migrantes, al reafirmar la autonomía de los estados para definir ciertos criterios en sus políticas educativas.





