Washington D. C., Estados Unidos. — El Department of Homeland Security (DHS) confirmó ante el Congreso que 86 beneficiarios del programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) han sido deportados durante 2025, argumentando que el esquema migratorio no concede un derecho permanente de residencia en el país.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que de un total de 261 “Dreamers” detenidos en operativos recientes, la mayoría presentaba antecedentes penales, lo que, según la postura oficial, justificó la revocación de la protección administrativa y la posterior remoción.

El gobierno del presidente Donald Trump sostiene que las medidas se adoptan en cumplimiento de resoluciones judiciales, incluida la reciente declaración de ilegalidad del programa por parte de una corte federal en Texas. En ese contexto, la administración ha reforzado el criterio de que cualquier antecedente penal puede ser considerado causa suficiente para cancelar el beneficio migratorio.

La política marca un giro más estricto en la aplicación de las normas migratorias, especialmente en casos que involucran a personas que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y que permanecían bajo protección temporal.

El debate sobre el futuro de DACA continúa en el ámbito judicial y legislativo, mientras organizaciones defensoras de migrantes insisten en la necesidad de una solución permanente a través del Congreso.